Colombia necesita una mejor distribución de sus regalías: Amilkar Acosta

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Colombia necesita una mejor distribución de sus regalías

Amilkar Acosta Medina

El exministro de Minas y director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, reconoció que la reforma tributaria permitirá por primera vez, que los departamentos se fortalezcan.

El exministro de Minas y director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, reconoció que la reforma tributaria permitirá por primera vez, que los departamentos fortalezcan sus tributos y calificó de ‘falsa alarma’, la preocupación de Fenalco sobre el posible incremento de la ilegalidad de licores con la nueva ley aprobada por el Congreso.

En su visión acerca del futuro de las regalías, dijo que no hay que desestimar el llamado de atención de la Contraloría frente al seguimiento y monitoreo de las inversiones que se ejecutan con estos recursos, al tiempo que advirtió sobre la mediocridad en el desempeño fiscal que acusan hoy muchos departamentos.

En entrevista con DIARIO DEL HUILA, el exministro Acosta habló también de las alternativas del país para la generación de energía y los retos de las autoridades para combatir la minería ilegal.

¿De qué manera la reforma tributaria impacta las finanzas de los departamentos?

“Después de veinte años, en los cuales se han aprobado 12 reformas tributarias, por primera vez se le abre un espacio al fortalecimiento de los tributos territoriales. Todas, absolutamente todas las reformas aprobadas anteriormente a esta, que ahora se tramita en el Congreso de la República, han tenido por objetivo arbitrarle mayores recursos a la Nación, mientras tanto los de los departamentos han permanecido estancados. Ello explica la concentración cada vez mayor del recaudo impositivo en cabeza de la Nación, en detrimento de los fiscos departamentales. Hoy en día, de cada 100 pesos que se recaudan en el país, el Gobierno Nacional se queda con 82, los municipios con 13 y los departamentos con la irrisoria suma de 5 (¡!).

Por eso, hemos visto en este proyecto de reforma tributaria una ventana de oportunidad para los departamentos. En la misma se contemplan nuevos tributos, como el de las bebidas azucaradas, que nosotros estamos proponiendo que se amplíe su base haciéndolo extensivo a aquellos alimentos no saludables, como embutidos y ultraprocesados. También se incluyen aumentos en la tarifa de otros, como el del cigarrillo, que se propone triplicarlo y frente al cual nosotros hemos aconsejado su gradualidad en el incremento para evitar el estímulo al contrabando. De igual forma, le estamos pidiendo al Gobierno Nacional y al Congreso que considere otras iniciativas, que bien podrían contribuir a generarle mayores rentas propias a los departamentos, una de ellas es la cesión a los departamentos de un punto porcentual de los tres que se propone incrementar en el IVA, con destinación específica para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo hemos propuestos que los tres puntos adicionales de IVA que pagaría la cerveza, por ser esta una de las principales fuentes rentísticas de los departamentos, se le cedan por parte de la Nación. Con el fin de combatir la evasión y la elusión del pago del impuesto de rodamiento, hemos propuesto que se exija el paz y salvo de pago del mismo, al momento de expedirse el SOAT o cualquier otro trámite administrativo relacionado con la tenencia o locomoción del vehículo”.

¿Cree usted que la reforma legal de licores recientemente aprobada por el Congreso, permitirá que muchos departamentos como el Huila alcancen mejor desempeño?

“La reforma que se aprobó en el Congreso de la República y que viene siendo objeto de conciliación, en sus versiones de Cámara y Senado, contempla unos cambios fundamentales que permitirán nivelar la cancha, puesto que al establecer un esquema impositivo al consumo de licores mixtos, esto es un impuesto específico de 220 pesos por grado alcoholimétrico y un impuesto ad valorem corrige la distorsión del actual, que sólo contempla el impuesto específico. Ello ponía en desventaja a los licores de producción nacional frente a los importados. Las proyecciones que hemos hecho nos indican que una vez entre en vigencia esta Ley, le va a significar mayores recaudos a los departamentos del orden del 18 %, recursos que tienen como destinación específica la salud y la educación. Todos los departamentos, tanto los que tienen fábricas de licores como aquellos que maquilan o han tercerizado su producción, en ejercicio del monopolio rentístico, se verán beneficiados”.

¿Comparte usted la preocupación de Fenalco, en el sentido de que la aplicación de la Ley de licores, podría aumentar la ilegalidad por encima de los niveles que traía antes de entrar en vigencia la nueva legislación?

“No. Sencillamente porque el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República hay que analizarlo en su integridad. En primer lugar, se tuvo el cuidado de que el aumento del precio de los licores, que busca desincentivar su consumo en defensa de la salud, no fuera desmesurado y se calculó muy bien teniendo en cuenta la elasticidad – precio de la demanda. De modo que el menor consumo de licor, que es un fin loable, se compensará con el mayor recaudo proveniente especialmente del impuesto ad valorem. En cuanto a que ello puede incentivar el contrabando y la adulteración, para combatirlo se contemplan medidas muy eficaces en la misma ley, que no tienen antecedentes. Entre ellas, el control de la trazabilidad del producto, la desnaturalización del alcohol que tenga otra destinación distinta a la fabricación legal de licores, la aplicación de normas más severas contempladas en la nueva Ley anti-contrabando, al considerar el licor como un producto ‘sensible’, etc. ¡Lo de Fenalco es una falsa alarma!”.

¿Qué opina de la alarma lanzada por el Gobierno Nacional sobre el estado crítico de una cantidad de proyectos paran financiar con recursos de las regalías, que acusan falencias en su formulación y fallas de interventoría en su ejecución?

“La verdad sea dicha, si bien hay que atender y tomar atenta nota del llamado de atención del DNP, quien ejerce el seguimiento, control y monitoreo de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), tanto el monto comprometido como el número de proyectos en los que se ha detectado falencias, tanto en su estructuración como en su ejecución, se han reducido sensiblemente con respecto a lo que venía ocurriendo antes de la entrada en vigencia del actual SGR. En ello ya se está trabajando por parte de la Federación Nacional de Departamentos de la mano con Planeación Nacional y Findeter”.

En concepto del director del DNP, se requiere simplificar los criterios para la distribución en los departamentos de recursos del Sistema General de Regalías. ¿Está usted de acuerdo?

“La reforma que se introdujo en 2011 mediante el Acto legislativo 05 de ese mismo año al régimen de regalías, estuvo muy bien intencionado, se trataba de distribuir los recursos provenientes de las regalías de una manera más equitativa, tanto entre municipios y departamentos productores como entre aquellos que no lo son. Para ello se partió de la base que el monto de las regalías se duplicaría en la década subsiguiente, que nunca se dio, porque justamente ese año empezó la caída de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel y pasamos de la época de las vacas gordas a la época de las vacas flacas. Así es que a su entrada en vigencia el monto a distribuir se ha venido reduciendo y el impacto mayor se ha sentido en los departamentos y municipios productores, porque después de recibir en promedio el 72 % de la totalidad de las regalías hoy, a duras penas recibe el 9.5 %. En mi concepto se les fue la mano al Gobierno Nacional y al legislador, y ello está influyendo notoriamente en los brotes de descontento e inconformidad, que alimentan la conflictividad social en las regiones productoras. En este momento ello es el mayor obstáculo al que se enfrenta la industria extractiva y deberá removerse para que se reactive, de allí la necesidad de una reforma a la Reforma sin pérdida de tiempo. Más que simplificar los criterios de distribución, lo que se necesita es una mejor distribución”.

Según la evaluación departamental de desempeño fiscal en 2015, realizada por el Gobierno Nacional (la DAF de MinHacienda), un alto número de entidades territoriales departamentales presentan resultados críticos.

¿Qué estrategias deben adoptar los departamentos para alcanzar mejor desempeño?

“En muy buena medida la mediocridad en el desempeño fiscal en muchos departamentos es consecuencia de un fenómeno que yo he denominado de descentralización disfuncional, consistente en que el Gobierno Central les ha venido delegando nuevas funciones y competencias a los departamentos pero sin recursos para cubrirlos. Dos ejemplos al canto: el caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el no POS, que se han convertido en una carga insoportable para sus fiscos. Le hemos solicitado al Gobierno Nacional que además del fortalecimiento de los tributos territoriales, vía reforma tributaria, se debe revisar y ajustar también el Sistema General de Participaciones (SGP), ahora que el Acto legislativo 04 de 2007 termina su vigencia en diciembre 31 de este año, con el mismo objetivo. Ello es más urgente porque la paz es territorial, se tendrá que construir desde las regiones y demandará mayores recursos de los que tienen los departamentos actualmente asignados”.

En su criterio, ¿cómo influye en el sector industrial y comercial el precio de la energía, que se ha tornado muy costosa en Colombia?

“La verdad es que los precios de la energía en Colombia no difieren mucho con que tienen los demás países de la región, sin dejar de ser costosa. A nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía recibí un estudio de la firma ECSIM sobre los precios de la energía, en el cual se hizo un importante diagnóstico y unas recomendaciones, que alcanzamos a poner en marcha. Siempre les dije a los industriales que más que preocuparse por el precio de la energía debían preocuparse más bien de los costos de la energía que consumen, porque estos últimos se ven muy afectados por el uso irracional que se hace de esta. Por ello, iniciamos un ambicioso programa de ahorro y uso eficiente de energía que quedó establecido a través de la Ley 1715 de 2014, destacándose la posibilidad de que los autogeneradores puedan comercializar sus excedentes de energía”.

¿Cree usted que hay en Colombia una política seria para migrar a energías renovables como la solar y la eólica?

“Sí claro, ese vacío se llenó con la expedición de la Ley 1715 de 2014, que promueve e incentiva la generación y uso de las energías renovables en Colombia. Los equipos y partes importadas están exentos de pago de aranceles a sus importaciones, están excluidos del IVA, se permite la depreciación acelerada de los equipos y, como si eso fuera poco, permite también descontar hasta un 50 % del monto de la inversión del impuesto de renta. Desafortunadamente la CREG con su paquidermia se ha demorado en reglamentar la ley y ello ha frenado el avance en Colombia de los proyectos de energías renovables”.

¿Considera usted que los departamentos están hoy preparados para atender desde el punto de vista operativo y financiero el postconflicto?

“Podríamos decir que hoy no están preparados todavía, en los últimos años se ha empezado a dar el alistamiento para asumir su nuevo rol, pero todavía tienen un largo camino por recorrer. Empezando por la necesidad de una readecuación y fortalecimiento de la arquitectura institucional de las regiones. Además, hemos considerado como clave la profundización y consolidación de la descentralización, que ha venido a menos y también la promoción de la autonomía territorial contemplada en la Constitución Política, pero que se ha quedado como letra muerta. Consideramos importante para un mayor empoderamiento de los departamentos de cara al postconflicto, que ellos tengan participación activa en las instancias de decisión, tales como en el Consejo Interinstitucional para el Postconflicto, en el Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en el Comité Ejecutivo Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en la Comisión Nacional de Competitividad. Hemos dado ya un paso positivo al firmar un convenio entre la Federación Nacional de Departamentos y el Ministerio del Interior para el fortalecimiento institucional territorial que contempla dos aspectos: el atinente a la descentralización y la autonomía, para darle vía libre a las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y a las Regiones como Entidades Territoriales (RET), y la expedición de un nuevo Código de Régimen Departamental que reemplace el que nos rige, que ya es anacrónico pues data desde antes de la expedición de la Constitución de 1991”.

¿Cómo pueden contribuir los departamentos a combatir la minería ilegal?

“Para ello es menester, primero que todo, un alineamiento de las autoridades a los distintos niveles, nacional, departamental y municipal, con los criterios fijados por la propia Constitución de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. Ello es tanto más pertinente ahora, cuando debido a los recientes fallos de la Corte Constitucional (primero fue la Sentencia C – 123 de 2014 y más recientemente la T – 445/16), se le dio a las entidades territoriales poder de veto de la actividad minera en sus territorios. Ello va a dar pie a la proliferación de consultas populares tendientes a prohibir dicha actividad. El riesgo es que se restrinja y prohíba la minería legal mientras la ilegal sigue haciendo su agosto. Hablando de ilegalidad, hay que distinguir aquella pequeña minería ancestral, tradicional, artesanal, que por no tener un título ni una licencia ambiental es considera ilegal, de aquella que tienen vínculos con la criminalidad. Siempre dije como ministro que no se puede ‘pescar con dinamita’, dándoles el mismo tratamiento a unos y a otros, pero hay que darles un tratamiento diferencial y diferenciado. A los primeros se les debe formalizar, a los otros hay que combatirlos sin tregua y sin miramientos, porque la minería ilegal se ha convertido en una de las más importantes fuentes de ingresos de las bandas criminales. Soy del criterio de que está haciendo falta darle trámite al proyecto de ley que reforma la Ley 685 de 2001, que lo dejamos bastante avanzado, pero al parecer sigue engavetado en el Ministerio de Minas y Energía. En aras de una mejor gobernanza de los recursos naturales, renovables y no renovables, se hace urgente un nuevo trato entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales”.

Fuente: Jorge Parga Vanegas
Diario del Huila

Acerca del Autor

Comunicador Social Vallenato. Licenciado en Filosofía, Investigador. Medios: http://larazonvallenata.com . Radio Guatapurí, Antena Cívica.

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