Corporaciones Autónomas no ejercen control de minería ilegal

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control de minería ilegal

Minería ilegal en Colombia

Bogotá.- Las Corporaciones Autónomas no ejercen control de minería ilegal, según hallazgos de la Contraloría General de la República encontró múltiples deficiencias en la gestión que ejercen la Corporaciones Autónomas Regionales para prevenir, controlar y la minería.

Así lo indican las recientes auditorías que ha realizado la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, que incluyen la evaluación de gestión de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia respecto de la presencia de minería ilegal en los Parques Nacionales Naturales.

Como resultado de la evaluación se establecieron para el año 2016, un total de 26 hallazgos administrativos, de los cuales 18  tienen posible alcance disciplinario; y 2 hallazgos con alcance fiscal por valor de $330.000.000 para la Corporación Autónoma Regional del Cauca, por asumir la recuperación de impactos ambientales generados por terceros en predios particulares.

Para el año 2017, se encontraron 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y 1 con presunto alcance penal.  En todos los casos  se realizaron los trasladados a la Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

La Contraloría encontró, que no hay coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas en el proceso de prevención control y erradicación de la minería ilegal: las Corporaciones Autónomas, no se articulan con las alcaldías municipales, ni con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para ejecutar acciones oportunas que garanticen la protección del ambiente.

Además, a pesar de que las Corporaciones Autónomas Regionales evidencian la afectación a los recursos naturales (agua, suelo, aire), no se toman las medidas sancionatorias contra los presuntos responsables ni mucho menos las medidas compensatorias frente a los impactos y daños ambientales causados.

Además, al evaluar los expedientes sancionatorios que cursan en las Corporaciones se evidenció que no se da cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la imposición de medidas preventivas, legalización, seguimiento, imposición de sanciones y compensaciones; hecho que permite que la actividad minera ilícita se incremente, así como los daños y pasivos ambientales que conlleva.

Las cifras de la ilegalidad

De otra parte, debe recordarse –dice la CGR- que las regalías son una contraprestación económica que se paga al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, y de acuerdo a lo establecido por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) solo cerca del 15% de las actividades del sector minero de oro son legales o formales.

Señala la Asociación que si todas las explotaciones mineras se formalizaran la Nación recibiría anualmente más de 2.000 millones de dólares, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85 por ciento de la minería es ilegal esos recursos no ingresan al Estado. El caso más representativo es en el departamento de Antioquia, donde el 80% del oro que se produce viene de empresas que no son legales.

No hay política pública para solucionar el problema de la minería ilegal

Como complemento del ejercicio auditor, la Contraloría General de la República, adelantó un estudio a la política pública de Minería Ilegal, encontrando entre otros aspectos que el modelo extractivista bajo el que se desarrolla la industria minera del país, desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones y no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial.

Además, omite las realidades socio-culturales de los territorios, favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país.

La conclusión principal es que en Colombia no se ha formulado una política pública dirigida a dar solución a la minería ilegal, a pesar de las conocidas consecuencias de esta carencia sobre la gobernabilidad y el deterioro ambiental.

Acciones ineficientes e ineficaces     

Los resultados de las acciones emprendidas para atacar la minería ilegal han demostrado por décadas ser ineficientes e ineficaces en la disminución de esta actividad y por tanto se han incrementado los pasivos ambientales asociados, con consecuencias cada vez más documentadas sobre la pérdida de bienes y servicios ambientales que repercuten en la salud y la calidad de vida de numerosas poblaciones.

Falta gestión de las Alcaldías en materia de información

Por otra parte, dado que la explotación ilícita de minerales es una actividad que desde el punto de vista de las entidades rectoras de las políticas ambientales y mineras, es de competencia de las alcaldías, éstas no se ocupan de producir, custodiar, usar o difundir información acerca de la existencia, ubicación, tipo de explotación, volúmenes explotados o minerales que son extraídos a través de estas actividades ilegales.

Mucho menos se cuenta con información acerca de las características sociales de dichas áreas o de la calidad o conflictos ambientales de los territorios afectados por estas actividades.

Acerca del Autor

Comunicador Social Vallenato. Licenciado en Filosofía, Investigador. Medios: http://larazonvallenata.com . Radio Guatapurí, Antena Cívica.

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