Nuevos hallazgos del Cartel de Enfermos Mentales en Sucre

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Se trata de pagos por la supuesta hospitalización y tratamiento de enfermos mentales, con pacientes que no existían y facturas soportadas en documentación falsa.

Por los mismos hechos la Contraloría adelanta actualmente 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal, por más de $2 mil millones de pesos.

Una nueva Auditoría de Cumplimiento reveló que se trataría de una práctica sistemática, que se venía presentando desde inicios del año 2012.

Los resultados ya habían sido anunciados por el Contralor Edgardo Maya Villazón en su reciente Audiencia de Rendición de Cuentas.

Cartel de Enfermos Mentales en Sucre

Gobernación de Sucre

Bogotá. La Contraloría General de la República, en un ejercicio inédito de control sobre los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, reveló los resultados de una reciente Auditoría de Cumplimiento adelantada a la Gobernación del Departamento de Sucre: se pudo establecer que las prácticas a través de las cuales se estructuró el denominado Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, se venían presentando incluso desde el año 2012.

En efecto, mediante Resolución Nº 5.113 del 18 de diciembre de 2012, la Gobernación del Departamento de Sucre pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de $3 mil 475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del Departamento.

Examinada la facturación, la Contraloría General, encontró que los documentos que sirvieron de soporte a 521 de las facturas, corresponderían a servicios no prestados, pero que sí fueron pagados por una suma superior a los $2 mil 646 millones de pesos.

En 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación.

En 376 facturas se usaron como soporte los Formatos de Referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, como si se tratara de pacientes atendidos en dicho hospital, por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que hubieran sido remitidos allí para hospitalización.

Verificada la información por parte de la Contraloría, sin embargo, se descubrió que ninguno de los supuestos pacientes fue atendido ni referido por la mencionada institución universitaria.

OTROS PAGOS SIN SOPORTES

Además de los pagos anteriormente descritos, la Gobernación de Sucre suscribió acuerdos de pago con la mencionada Fundación, por más de $5 mil 751 millones de pesos, que corresponderían igualmente a facturación de las vigencias 2010, 2011 y 2012, para ser pagados con recursos de la Población Pobre No Asegurada – PPNA.

Sin embargo, la Contraloría no pudo establecer la existencia física de las facturas que deberían soportar los pagos acordados por la Gobernación. A pesar de no existir las más de 527 facturas, la Gobernación accedió a los pagos suscribiendo un documento de Acuerdo de Pago a favor de la Fundación.

Como parte de las pruebas recaudadas por la Contraloría, se encuentra la certificación suscrita por el líder del Programa de Auditoría de la Secretaría Departamental de Salud, donde afirma que las facturas fueron debidamente auditadas y conciliadas y que por lo tanto se encontraban aptas para su pago, facturas que sin embargo no pudieron ser presentadas a la Contraloría.

Por no haber aplicado los procedimientos de auditoría médica establecidos para la Secretaría Departamental de Salud, la Gobernación de Sucre ocasionó un daño a los recursos del SGP destinados a la Población Pobre del Departamento, por más de $2 mil 176 millones de pesos.

MÉDICO PSIQUIATRA REPUDIA LA INFORMACIÓN

La Contraloría verificó igualmente la información documental aportada por la Gobernación de Sucre, directamente con el médico psiquiatra que supuestamente la había suscrito, quien categóricamente afirmó no solo que la caligrafía no correspondía a la suya, sino que él nunca había diligenciado esos formatos que se le exhibían. El psiquiatra entrevistado por el equipo auditor, confirmó en Acta que hace parte de las pruebas recaudadas, que la terminología usada tampoco corresponde al lenguaje propio de su especialidad.

Al tratarse de facturas y órdenes de internación que parecían calcadas las unas de las otras, el médico confirmó que: “El tratamiento nunca puede ser el mismo. Este debe variar de un paciente a otro.” Lo mismo afirmó con relación a las dosis de medicamentos supuestamente ordenados por él.

La gestión fiscal ineficaz y antieconómica de la Gobernación de Sucre, ocasionó un detrimento patrimonial cercana a los $2 mil 647 millones de pesos.

GOBERNADOR SUSCRIBIÓ ÓRDENES Y ACUERDOS DE PAGO

En una práctica que llamó fuertemente la atención de la Contraloría, se pudo determinar que tanto los acuerdos como las órdenes de pago a favor de las diferentes IPS involucradas en el denominado Cartel de los Enfermos Mentales, fueron suscritas, desde el año 2012, directamente por el entonces Gobernador del Departamento, Julio César Guerra Tulena.
Por los mismos hechos, pero relacionados con pagos efectuados durante la vigencia 2015, y que ya habían sido objeto de investigación por parte de la Contraloría, el ex Gobernador se encuentra involucrado en 11 procesos de responsabilidad fiscal, en cuantía cercana a los $3 mil millones de pesos.

PROCESOS EN CURSO: LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO

Ante la gravedad de los hechos evidenciados por la Contraloría, y que hoy son objeto de múltiples procesos de responsabilidad fiscal, el Contralor General Edgardo Maya Villazón solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que en su momento se le habían trasladado los hallazgos evidenciados previamente sobre la vigencia 2015.

Dichos hallazgos dieron origen a 11 procesos de responsabilidad fiscal, y dentro de uno de los procesos más significativos, con cuantía superior a los $2 mil 155 millones de pesos, se encuentran involucrados como presuntos responsables el entonces Gobernador del departamento, Julio César Guerra Tulena, los ex Secretarios de Salud Departamental, Nayibe del Carmen Padilla Villa y Efraín de Jesús Suárez Arrieta, así como los funcionarios Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez.

Según lo evidenciado por la Contraloría, en el departamento de Sucre posiblemente se habrían creado IPS’s “de papel” para desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP. Por lo anterior, el Contralor Maya Villazón solicitó a la Fiscalía el traslado de pruebas que permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de tales empresas, que hayan incurrido en las maniobras fraudulentas que dieron lugar al daño patrimonial con los recursos de la salud.

Acerca del Autor

Comunicador Social Vallenato. Licenciado en Filosofía, Investigador. Medios: http://larazonvallenata.com . Radio Guatapurí, Antena Cívica.

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