Preocupación por rezago en aplicación de Ley de Víctimas

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Rezago en aplicación de Ley de Víctimas

Víctimas del conflicto

Bogotá. Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, mostraron su Preocupación por rezago en aplicación de Ley de Víctimas. Estas comisiones son integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas, manifestaron su preocupación por el rezago en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, a seis años de haber sido promulgados.

En atención a esta preocupación, las Comisiones realizaron una Sesión Ampliada de Alto Nivel a la que fueron convocados, entre otros, el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Lo anterior, con el fin de conocer las estrategias trazadas por las entidades gubernamentales para superar las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes, la articulación en el territorio para la implementación de la política frente a los nuevos instrumentos de desarrollo, y por último, la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras.

Vigencia y financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes

Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.

A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.

Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los Departamentos y Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).

Respecto a la implementaciones del acuerdo de paz no parece aclarar el panorama financiero de la polìtica de asistencia, atenciòn y reparación a la víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimò formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado còmo se sincronizarìa la implementaciòn del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011. Finalmente, el financiamiento del acuerdo replica la estrategia de incluir en la contabilidad los recursos del SGP y es asì como el 29.2% de los recursos corresponderìan a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del SGP.

Articulación de la implementación de la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial

Las Comisiones han evidenciado que pese a la existencia formal de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva en la toma de decisiones con respecto a la política pública, y no en todos los casos tienen la financiación que requieren para el desarrollo de sus actividades.

Frente al Espacio Amplio de Participación, no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la participación de la población víctima étnica, toda vez que no fueron convocadas como colectividad a dicho espacio.

Por otro lado, no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los PDET.

Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas.

Protección a los líderes de víctimas y reclamantes de tierras

Para las Comisiones, es prioritario que el Estado Colombiano logre garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las víctimas, con estrategias más rápidas y eficientes de seguridad en los territorios y la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia.

El Informe de Riesgo 010 del 30 de marzo de 2017, emitido por la Defensoría del Pueblo, plasma el preocupante panorama nacional de amenaza, intimidaciones, homicidios y ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, así como sus organizaciones.

Este informe señaló el riesgo de vulneraciones a derechos en 255 municipios del país, y destacó los 156 homicidios registrados hasta entonces. Hoy esa cifra, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, llega a 204 homicidios registrados en 24 departamentos.

Se insiste en la importancia de las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas SAT, en el que a través de sus informes de riesgo, ha descrito escenarios en los que se requieren por parte del Gobierno la coordinación de acciones preventivas y de respuesta rápida con la implementación de mecanismos de protección individual y colectiva a líderes y lideresas.

Pronunciamiento de la Directora de la Unidad de Víctimas:

La Directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, reiteró este martes la necesidad de que las víctimas del conflicto tengan asiento en el Congreso Nacional a través de las circunscripciones especiales de paz, al instalar en Bogotá el Foro ‘Las Víctimas en el posconflicto’.

“Cuando se ponen trabas a la implementación del Acuerdo de paz no es a las Farc a las que se perjudica; es a las víctimas. La semana pasada esto quedo dolorosamente claro, en la aprobación de las circunscripciones especiales de paz”, aseguró Pinto en el evento que analizó las herramientas que el Acuerdo de Paz de La Habana dio para restablecer los derechos de las víctimas.

“Por razones que yo realmente no logro entender –agregó-, un alto número de congresistas se opuso a darles a las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto, mayores oportunidades de llegar al Congreso. Si el argumento es que a través de las víctimas las Farc se iban a apoderar de esas curules, eso significa que no conocen a las víctimas”, enfatizó.

La funcionaria dijo que “las víctimas merecen tener más participación y –enfatizó- la van a tener, porque estamos seguros que la norma (que aprueba 16 curules para los sobrevivientes del conflicto) sí fue aprobada, pese a toda la discusión jurídica que ha habido”.

“Lo que debemos entender es que entre mejor sea la implementación del Acuerdo de Paz más estaremos contribuyendo a la reparación de las víctimas. Ponerle trabas a la implementación del acuerdo de paz no le hace ningún favor a las víctimas, lo que ellas necesitan es que lo pactado se cumpla”, concluyó.

Durante el Foro, organizado por la Unidad para las Víctimas y Publicaciones Semana, participaron más de 300 víctimas del conflicto, funcionarios, miembros de la comunidad internacionales y expertos en derechos humanos que analizaron los temas de reconciliación, verdad y justicia y equidad y oportunidades para las víctimas.

Acerca del Autor

Comunicador Social Vallenato. Licenciado en Filosofía, Investigador. Medios: http://larazonvallenata.com . Radio Guatapurí, Antena Cívica.

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